Descarbonizando la economía

Miguel Schloss

Las crisis proporcionan advertencias más elocuentes sobre problemas desatendidos que todos los discursos y estudios eruditos. La crisis detonada hace casi 15 años por el corte del suministro de gas argentino despertó a Chile sobre su peligrosa vulnerabilidad por la creciente dependencia de una única fuente de energía. También ofreció la oportunidad de comenzar a abordar temas ambientales emergentes.

Con este fin, se inició un comparativo para permitir a los actores del sector eléctrico chileno ver lo que otros países han hecho en sus programas energéticos en términos de su: (i) impacto o resultados; (ii) costos totales; y (iii) arreglos institucionales para su implementación. Los resultados fueron reveladores.

“Actualmente estamos agregando emisiones, y mucho menos reduciéndolas. Si los 10 principales contaminadores -o mejor, los 20 principales- acordaran bajarlas en 50% para 2030 o antes, y cumplieran como Chile, habría esperanza de acercarse a la meta acordada”.

Mientras que países como Alemania se embarcaron en una ambiciosa remodelación de su matriz energética, otros siguieron un enfoque más adaptivo de su proporción de energías renovables. El primer enfoque requería una disciplinada organización y seguimiento. Ello dio lugar a un cambio en la matriz energética, aunque a un costo y riesgos importantes, que se evidenciaron en la guerra de Ucrania, cuando los suministros de gas se redujeron significativamente, desencadenando una crisis energética. Hubo otros que actuaron de manera gradual, cubrieron mediante diversificación los riesgos de juzgar erróneamente la demanda energética.

Al explorar estos resultados con organizaciones de la sociedad civil chilena, entidades ambientalistas, empresas de servicios públicos, y consumidores finales, las preocupaciones se centraron en la asequibilidad (programas sofisticados están bien, pero “no con mi dinero”), la seguridad energética y compatibilidad con capacidades institucionales. En contraste con el marco implícito en reuniones internacionales, el enfoque chileno se centró en “atraer” al sector privado, en lugar de forzar a un sector público ya demasiado extendido para ejecutar inversiones.

Este enfoque alentó a las autoridades a centrar su atención en la creación de condiciones comerciales vía precios, impuestos y otras condiciones para atraer recursos financieros y humanos privados para financiar y gestionar inversiones que de otro modo serían difíciles de manejar, dada limitaciones institucionales y restricciones fiscales. El resultado habló por sí solo, “atrayendo” nuevos actores y soluciones, generando nuevas fuentes de competencia.

Chile se ha clasificado entre los cinco países con mejor desempeño en términos de aumentos logrados de energías renovables, pero queda un camino más empinado y complejo por delante. En los últimos 10 años, el sector ha agregado 14.000 MW de capacidad instalada. De ésta, el 63% corresponde a energías renovables, o 75% si se incluyen la hidráulica y la geotermia. A la fecha están en ejecución otros 7.000 MW que entrarán en servicio en el futuro cercano. En total, las emisiones de CO2 en Chile ascendieron a 4,96 toneladas métricas per cápita en 2022, frente a las 5,27 toneladas del año anterior.

A nivel global, para mantener el calentamiento de 1,5 grados acordados internacionalmente, se necesita reducir las emisiones a la mitad para 2030. Actualmente estamos agregando emisiones, y mucho menos reduciéndolas. Si los 10 principales contaminadores (70% del total) -o mejor, los 20 principales (80%)- acordaran reducir en 50% para 2030 o antes, y cumplieran como Chile, habría esperanza de acercarse a lo acordado.